A vueltas con la privatización
Por Concha González, jubilada, 72 años
La batalla ideológica y mediática a propósito de la crisis sanitaria, socio-económica y política que se está sufriendo nos obliga a hacer un esfuerzo de acumulación de conocimientos sobre el desarrollo y consecuencias de la pandemia. Incluyendo la aceptación de que nos hemos quedado como desnudos ante nuestras propias carencias, mejor dicho, ante las carencias impuestas en su día por las decisiones políticas de determinados gobiernos. Como alguien dijo: «¡Es el capitalismo, estúpido!» Conocer lo que pasa y sus porqués incluye aprender a escapar de la influencia de bulos y fantasías conspiranoicas, informarse de la verdadera naturaleza de los conflictos sociales que estamos sufriendo y aplicar mucho sentido común al lamentable rifirrafe cupular partidista, auténtico esperpento servido en formato tv que no debe mermar nuestra idea de lo que debe ser la acción política institucional.
La parte positiva de esta catástrofe imprevista es que quien no quiera cegarse voluntariamente, puede ver más claro lo que somos, lo que nos falta, lo que nos sirve y lo que deberíamos cambiar.
Hemos podido comprobar cómo la Sanidad Pública se situaba casi al borde del colapso porque determinadas políticas privatizadoras la habían desmantelado, pese a las protestas ciudadanas. Hemos podido descubrir la capacidad de sacrificio de no pocas trabajadoras que han tenido que compensar con su generosa entrega personal la falta de recursos, de organización y hasta de voluntad política.
Hemos podido encontrar artículos de prensa (no todos los artículos de toda la prensa) que nos han ilustrado sobre aspectos muy significativos de cómo hemos vivido esta situación: balcones solidarios y balcones inquisitoriales, militares en televisión potenciando un lenguaje bélico, gente de barrios ricos protestando por unas libertades perdidas, lo que resulta curioso porque los autores de los grandes latrocinios empresariales o los políticos corruptos apenas sufren la amenaza de verse en la cárcel y cuando llegan (porque diríase que no queda más remedio), acceden fácilmente a todo tipo de beneficios penitenciarios. En cambio, para la protesta política antisistémica disponemos de la inmediata aplicación de la Ley Mordaza y lo mismo te meten mano por una supuesta apología de un terrorismo inexistente que por oponerte a un desahucio a beneficio de un fondo buitre. ¿Todos remamos unidos?
Pero hay una batalla diaria, igualmente dura y hasta cansina, en la que las necesidades de la mayoría social se defienden en instituciones cercanas (al menos en el escalafón administrativo y competencial) a los ciudadanos. Y ahí se reproduce, a nivel local, buena parte de lo que hemos venido señalando en general, porque se pelean decisiones que tienen detrás su historia de gestión administrativa y su parte de opción relacionada con un modelo ideológico que, en vez de reforzar lo que tantas veces se proclama sobre el Servicio Público, lo desmantela.
En el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Valdepeñas celebrado el pasado 1 de junio, Juana Caro, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Valdepeñas solicitó que el Ayuntamiento se hiciera cargo de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio. Y decía esto oponiéndose totalmente a la voluntad del PSOE, PP, VOX, Ciudadanos y Podemos-Equo, que querían aprobar el inicio del expediente de contratación de dicho Servicio.
Parece que la pandemia no abre las entendederas. Para la concejal Caro la experiencia había dejado al descubierto que el servicio (privatizado) no había respondido ni cubría adecuadamente las necesidades de las trabajadoras ni de los usuarios. Hasta el extremo de que se había tenido que denunciar a la actual empresa concesionaria ante la Inspección de Trabajo. Hasta el extremo de que las trabajadoras están viviendo un conflicto con la actual empresa adjudicataria del servicio porque ésta les está descontando las horas no realizadas por bajas de beneficiarios durante la crisis sanitaria de la COVID-19. O hasta el extremo de que en el pliego de condiciones técnicas y administrativas que se quería aprobar se seguían planteando mejoras técnicas con ocho años de antigüedad (y sin pasar por ninguna revisión).
Alguna mejora se contemplaba, por supuesto. Una silla de baño giratoria, una silla de baño fija y un elevador WC para una demanda potencial de doscientos cuarenta y cuatro usuarios. A los que votaban a favor de tan generosos recursos habría que reservarles un sitio en la cola cuando merezcan la aplicación de tan ajustado servicio que se titula como de «ayuda a domicilio».
El Ayuntamiento tiene presupuesto suficiente para abordar la gestión directa. ¿Por qué se empeña en privatizar, encarecer y degradar un servicio público?
Fdo. Concha González